Nueva York demanda a gigantes químicos por ocultar la toxicidad de “químicos permanentes” en productos de consumo

El estado de Nueva York ha decidido emprender una contundente batalla legal contra algunas de las corporaciones químicas más grandes del mundo. En una acción judicial formalizada ante los tribunales,

el gobierno estatal demandó a corporaciones multinacionales de la talla de 3M y DuPont, acusándolas de haber fabricado y comercializado masivamente productos de consumo que contienen sustancias altamente nocivas, denominadas “químicos permanentes”, a sabiendas del grave peligro que representaban tanto para la salud humana como para el equilibrio del medio ambiente.

La ofensiva legal está encabezada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien ha solicitado formalmente compensaciones financieras e indemnizaciones multimillonarias. Estos recursos económicos estarán destinados de manera exclusiva a costear las complejas y urgentes labores de descontaminación y remediación ambiental de los territorios que han resultado afectados por el vertido y la acumulación de estos componentes peligrosos. Durante su comparecencia pública, la fiscal James denunció con firmeza que las comunidades neoyorquinas han tenido que asumir de manera injusta e indebida la carga financiera que implica proteger a la población de agentes invisibles pero letales, responsabilizando directamente a las corporaciones de haber encubierto de forma deliberada los reportes internos de toxicidad durante décadas.

Los componentes señalados en el centro del litigio pertenecen al grupo de las sustancias perfluoroaquílicas y polifluoroaquílicas, conocidas técnicamente como PFAS o bajo el apelativo popular de “químicos eternos”. Debido a sus propiedades químicas específicas de resistencia al calor, al agua y a las manchas, han sido empleadas de manera generalizada en la manufactura de artículos cotidianos,

incluyendo sartenes con recubrimiento antiadherente, prendas de vestir impermeables, alfombras protectoras y una amplia variedad de productos cosméticos. El gran riesgo sanitario de las PFAS estriba en su incapacidad para degradarse naturalmente en el medio ambiente y en la extrema dificultad que presenta el cuerpo humano para eliminarlas, provocando una bioacumulación prolongada que eleva drásticamente las probabilidades de desarrollar distintos tipos de cáncer, disfunciones inmunológicas, problemas de tiroides y afectaciones hepáticas severas.

Este choque judicial en Nueva York coincide con un periodo de profunda controversia y debate en materia de política sanitaria a nivel nacional dentro de Estados Unidos. La presentación de la demanda ocurre pocas semanas después de que la administración federal encabezada por el presidente Donald Trump implementara una flexibilización de las normativas y los límites permitidos para la presencia de estos agentes químicos contaminantes en los sistemas públicos de agua potable del país. Mientras la comunidad científica y los activistas ambientales condenan el retroceso regulatorio a nivel federal, el litigio estatal busca sentar un precedente corporativo para obligar a las firmas tecnológicas y de manufactura pesada a pagar de forma retroactiva por los daños sanitarios crónicos infligidos a la ciudadanía. Hasta el momento del anuncio oficial, las empresas señaladas en el documento legal han optado por el silencio y no han emitido declaraciones en respuesta a la acción de la fiscalía.