Lee firma los primeros proyectos de ley de la agenda de mano dura de los legisladores en materia de inmigración.

Son los dos primeros proyectos de ley que llegan al escritorio del gobernador Bill Lee, dentro de un paquete de nueve proyectos de ley centrados en la inmigración, redactados por los republicanos con la colaboración del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

El gobernador Bill Lee ha promulgado dos leyes dirigidas a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Tennessee, proyectos de ley elaborados por los republicanos para llevar a cabo la agenda migratoria del presidente Donald Trump a nivel estatal.

La primera de estas normativas, el Proyecto de Ley 1704 de la Cámara de Representantes, tipifica como delito menor de clase A la presencia de cualquier extranjero en el estado que permanezca 90 días después de haber recibido una orden de deportación definitiva. Esta ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, impone penas de hasta un año de cárcel y multas de 2,500 dólares. El liderazgo republicano justificó la medida como un paso necesario para garantizar la seguridad pública, citando preocupaciones sobre el incremento de índices delictivos vinculados a la permanencia ilegal.

El 21 de abril, Lee promulgó una ley que penaliza la presencia de un inmigrante en Tennessee si se ha emitido una orden de deportación definitiva. Los inmigrantes que se encuentren en Tennessee 90 días después de que un juez les ordene abandonar el país podrían enfrentar cargos penales estatales una vez que la ley entre en vigor el 1 de julio.

Lee también promulgó un proyecto de ley para sancionar a los gobiernos locales que no utilicen el sistema federal E-Verify para comprobar si sus empleados tienen derecho a trabajar en Estados Unidos.

Ambos proyectos de ley son los primeros en llegar al despacho de Lee dentro de un paquete legislativo  elaborado por la dirección republicana con la colaboración del subjefe de gabinete de Trump, Stephen Miller . Los proyectos de ley están diseñados para exigir a los inmigrantes que demuestren su estatus migratorio legal para acceder a casi todo tipo de servicios públicos y empleo.

La Casa Blanca de Trump ha declarado que  considera a Tennessee como un campo de pruebas para su agenda de política migratoria a nivel estatal .

El proyecto de ley 1704 de la Cámara de Representantes tipifica como delito menor de clase A, punible con hasta un año de cárcel y una multa de hasta 2.500 dólares, la presencia en Tennessee 90 días después de que un juez emita una orden de deportación definitiva.

Al defender los proyectos de ley, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, William Lamberth, describió los delitos cometidos por inmigrantes que se cree que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos , enumerando cifras de homicidios, violaciones, agresiones sexuales, delitos de violencia doméstica y casos de conducción bajo los efectos del alcohol denunciados.

“Estoy harto de que haya gente que venga a este estado, a este gran estado de Tennessee, y que asesine, viole y robe ilegalmente a nuestros ciudadanos y a los inmigrantes legales que vinieron aquí por la vía legal”, dijo Lamberth. “No lo voy a tolerar más”.

Al mismo tiempo, Lee también firmó el proyecto de ley 1705 de la Cámara de Representantes , que sancionaría a los gobiernos locales y a las juntas escolares que no utilicen el sistema federal E-Verify para garantizar que los empleados se encuentren legalmente en el país.

Los demócratas afirmaron que el proyecto de ley era innecesario, ya que el sistema ya está en uso. El representante Justin Pearson, demócrata por Memphis, lo calificó de “golpe bajo” y dijo que “no haría más que avivar el sentimiento antiinmigrante”.

La ley estatal ya exige que los empleadores gubernamentales utilicen el sistema E-Verify para confirmar la elegibilidad de sus empleados para trabajar en Estados Unidos. El proyecto de ley permitiría al fiscal general del estado investigar posibles infracciones.

Si se determina que no cumplen con el requisito estatal de E-Verify, el Proyecto de Ley 1705 de la Cámara de Representantes permitiría al estado retener fondos estatales a ciudades, condados y distritos escolares.

Ambas medidas, ya convertidas en ley, entrarán en vigor el 1 de julio.