La Corte Suprema limita los mandatos judiciales universales en la lucha por la ciudadanía por derecho de nacimiento

El fallo podría significar que distintos estados podrían tener reglas diferentes con respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

En un fallo del viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos limitó el alcance de las órdenes judiciales a nivel nacional emitidas por tribunales inferiores en un caso que involucra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Trump. Sin embargo, el fallo permite al presidente Trump comenzar a aplicarla, a la espera de impugnaciones legales en tribunales inferiores. El tribunal falló por una mayoría de 6 a 3, con los tres jueces liberales del tribunal en minoría.

El caso podría tener implicaciones mucho más allá del caso de ciudadanía por derecho de nacimiento.

El presidente Trump celebró el fallo del tribunal y explicó que el impacto del caso iría mucho más allá de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Gracias a esta decisión, ahora podemos presentar debidamente la solicitud para que se procesen estas numerosas políticas y aquellas que se han prohibido indebidamente a nivel nacional, incluyendo la ciudadanía por nacimiento, el fin de la financiación de las ciudades santuario, la suspensión del reasentamiento de refugiados, la congelación de fondos innecesarios, el impedimento a los contribuyentes federales para financiar cirugías transgénero y muchas otras prioridades del pueblo estadounidense”, declaró.

La jueza Sonia Sotomayor destacó el impacto del fallo en su opinión disidente.

“Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la Corte”, escribió. “Hoy, la amenaza reside en la ciudadanía por nacimiento. Mañana, una administración diferente podría intentar confiscar armas de fuego a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para celebrar sus cultos. La mayoría sostiene que, en ausencia de un engorroso litigio colectivo, los tribunales no pueden prohibir por completo ni siquiera estas políticas manifiestamente ilegales, a menos que sea necesario para brindar un alivio completo a las partes formales. Esta decisión hace que las garantías constitucionales tengan sentido solo nominalmente para quienes no sean parte en una demanda”.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que ya no otorgará automáticamente la ciudadanía al nacer a los hijos de inmigrantes en Estados Unidos sin estatus legal.

Un día después, 22 estados firmaron demandas para impedir que se aplicara la orden.

Los estados liderados por los demócratas argumentan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho para todas las personas nacidas en Estados Unidos bajo la 14ª Enmienda, que fue promulgada en 1868.

En las semanas siguientes, varios jueces de distrito emitieron medidas cautelares que impedían a la administración Trump implementar la orden. La administración Trump argumentó que los jueces de distrito federales no deberían poder emitir medidas cautelares tan amplias.

La ciudadanía por derecho de nacimiento otorga la ciudadanía estadounidense a todos los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Con esta decisión, la decisión de un juez de distrito sólo tendría efecto para ese distrito.