La Cámara aprueba un proyecto de ley que fortalece la capacidad de bloquear a los inmigrantes por DUI

La Cámara aprobó el jueves un proyecto de ley que fortalece las leyes para impedir que los no ciudadanos condenados por conducir bajo los efectos del alcohol inmigren al país, o para deportarlos.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 274 a 150, y 59 demócratas se unieron a los 215 republicanos para respaldar la legislación.

Los DUI ya son motivo de deportación en algunos casos, y quienes buscan obtener la residencia entienden que tal condena puede obstaculizar el proceso de ajuste de su estatus.

Pero el proyecto de ley aprobado por la Cámara apunta a los conflictos entre las leyes estatales y federales que a veces permiten que las condenas anteriores por DUI no se consideren en un caso de inmigración. Y también convierte a todos los delitos menores de DUI en motivo tanto de deportación como de hacer que alguien sea inadmisible para ajustar su estatus.

“Con la gravedad del delito y las posibles consecuencias mortales, se podría pensar que si un inmigrante ilegal fuera sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, sería deportado y se le prohibiría volver a entrar al país; desafortunadamente, sin embargo, ese no es siempre el caso. ”, escribió el líder de la mayoría Steve Scalise (R-La.) en una nota del jueves en la que adelantaba el proyecto de ley.

La legislación, si se aprueba, probablemente tendría el mayor impacto en quienes ya se encuentran en Estados Unidos y buscan ajustar su estatus. 

El proyecto de ley se produce después de que el Partido Republicano haya sido muy crítico con las  prioridades de aplicación de la ley de la administración Biden , que brinda orientación a los funcionarios de inmigración sobre a quién dirigirse para la deportación, quejándose de que los DUI deberían incluirse específicamente en una lista.

Si bien las prioridades no imponen limitaciones a la deportación de personas con un DUI, alienta a los oficiales a centrarse en aquellos que se consideran una amenaza para la seguridad pública. También da prioridad a la deportación de aquellos que se consideran una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad fronteriza.

“Por lo tanto, el hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible no debería ser por sí solo la base de una acción coercitiva contra él. Usaremos nuestra discreción y enfocaremos nuestros recursos de aplicación de una manera más específica”, escribió en la guía el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El documento también aconseja a los agentes que consideren la gravedad del delito, incluida cualquier violencia, y el tiempo transcurrido desde el delito, incluida cualquier “evidencia de rehabilitación”, al sopesar la posibilidad de deportar a alguien.