Se espera que DHS ponga fin a la protección contra la deportación para casi 350.000 venezolanos bajo TPS

Casi 350.000 venezolanos que obtuvieron alivio de la deportación y obtuvieron permisos de trabajo en 2023 bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) perderán esas protecciones en abril, según un aviso no publicado presentado en el Registro Federal.

La semana pasada, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que cancelaría una reciente extensión del programa por parte del exsecretario Alejandro Mayorkas, que habría permitido a casi 600.000 actuales titulares de TPS venezolanos mantener su estatus legal hasta octubre de 2026. Tenía hasta el 1 de febrero para decidir si extendería las protecciones para aquellos que se unieron al programa en 2023.

Ahora, casi 350.000 inmigrantes venezolanos podrían perder su estatus legal si no cuentan con ningún otro tipo de alivio.

El programa comenzó en 1990 como una forma de proteger a los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos cuando se considera que sus países de origen son demasiado peligrosos para regresar. El TPS está sujeto a la discreción del Secretario del DHS.

En el aviso, el DHS reconoce que algunas de las condiciones en Venezuela que la administración Biden utilizó para justificar la designación del TPS en 2023 “pueden continuar”. Sin embargo, afirman que las cosas han mejorado en el país.

“Hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen”, dice el archivo del aviso.

La agencia añade que la secretaria Noem “ha determinado que es contrario al interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos cubiertos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos”.

El aviso se publicará el 5 de febrero y dice que la terminación de la designación de Venezuela al TPS 2023 será efectiva 60 días a partir de la fecha de publicación, sin embargo, las protecciones ya estaban programadas para expirar el 2 de abril sin una extensión.

En una carta a Noem la semana pasada, un grupo de legisladores demócratas dijo que devolver a los inmigrantes venezolanos “a una dictadura” sería una “sentencia de muerte”.

“Dada la creciente inestabilidad, represión y falta de seguridad en Venezuela, y dentro de todas las normas y regulaciones aplicables, exigimos más información sobre por qué el Departamento ha tomado esta decisión”, dijeron los legisladores. “La única justificación que ha ofrecido la Administración es la falsa afirmación de que todos los venezolanos son ‘escoria’, ‘criminales violentos’ o ‘lo peor de lo peor'”.

“Dada la creciente inestabilidad, represión y falta de seguridad en Venezuela, y dentro de todas las normas y regulaciones aplicables, exigimos más información sobre por qué el Departamento ha tomado esta decisión”, dijeron los legisladores. “La única justificación que ha ofrecido la Administración es la falsa afirmación de que todos los venezolanos son ‘escoria’, ‘criminales violentos’ o ‘lo peor de lo peor'”.

Los defensores de los inmigrantes también están haciendo sonar la alarma sobre la medida que algunos consideran “cruel” e “imprudente”.

“El intento de Donald Trump de revocar las protecciones para 300.000 venezolanos es tan cruel como imprudente, pero sabemos que no se detendrá aquí. Su enfoque de conmoción y pavor para desmantelar el sistema de inmigración ya está devastando a familias y comunidades en todo el país, y es probable que veamos a los inmigrantes de Ucrania y Afganistán como próximos objetivos”, dijo a ABC News Keri Talbot, codirectora ejecutiva del Centro de Inmigración.

“Las familias que han construido sus vidas aquí -que trabajan, contribuyen y cumplen las reglas- están siendo atacadas, se ven sumidas en una crisis de la noche a la mañana y obligadas a abandonar sus hogares. No se trata de una cuestión de política, sino de infligir daño a cualquier precio”, añadió Talbot.

La terminación no se aplica a los venezolanos que se registraron bajo la designación TPS 2021, esas protecciones permanecerán vigentes hasta el 10 de septiembre de 2025.