Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la deportación de miembros del Tren de Aragua; juez lo frena

En un polémico intento por acelerar las deportaciones masivas, el presidente Donald Trump invocó la histórica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. Sin embargo, la medida fue bloqueada por un juez federal, quien ordenó la suspensión inmediata de cualquier deportación bajo este amparo legal. La decisión judicial frena, por ahora, una de las acciones más agresivas de la administración Trump contra la inmigración y abre un nuevo capítulo en la disputa legal sobre el uso de poderes presidenciales en materia migratoria.

“Cualquier avión con estas personas que esté a punto de despegar, o ya esté en el aire, necesita regresar inmediatamente”, escribió el juez en su fallo de este sábado por la noche.

Un juez federal le prohibió a la Administración del presidente, Donald Trump, llevar a cabo deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 –que busca acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes– que invocó horas antes asegurando que Estados Unidos está siendo “invadido por la pandilla venezolana”.

James E. Boasberg, juez principal del Circuito de D.C., ya había dicho que realizaría una audiencia para determinar el alcance de su fallo emitido más temprano, que impedía la deportación de cinco venezolanos bajo la legislación. Este sábado por la noche el magistrado emitió una orden que va más allá y bloquea temporalmente la orden firmada por el presidente Trump.

“Cualquier avión con estas personas que esté a punto de despegar, o ya esté en el aire, necesita regresar inmediatamente”, escribió el juez.

La invocación publicada más temprano en la página web de la Casa Blanca otorga al presidente una amplia autoridad en tiempos de guerra y le da un mayor margen de maniobra en materia de políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas, lo que podría impulsar a una velocidad mayor su prometida ofensiva contra la inmigración.

“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a TdA”, dice la declaración de Trump. “El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país”, agrega.

La ley de Enemigos Extranjeros, nacida tras la Guerra de Independencia para luchar contra espionaje y sabotajes británicos, y usada por primera vez en la Guerra de 1812, se puede invocar en casos de “guerra declarada”, invasión o “incursión predatoria” en territorio estadounidense.

El presidente podría activar esa ley unilateralmente, sin pasar por el Congreso, en los dos últimos casos, pero su aplicación en el marco de la política migratoria y para tramitar deportaciones no tiene precedentes en la historia del país, ya que la jurisprudencia la reserva en respuesta a actos de bandos beligerantes.

Algunos grupos y políticos conservadores “ven la ley de Enemigos Extranjeros como una autoridad supercargada para deportar, pero la lectura que proponen de la ley está en contradicción con siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”, según escribió en un análisis Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center.

La ley se utilizó por última vez como parte del internamiento de civiles estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial y solo se ha utilizado otras dos veces en la historia de Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra de 1812. Trump argumentó en su declaración que está justificada porque sostiene que la pandilla Tren de Aragua, un tema de conversación común en la campaña electoral, tiene vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

Trump habló sobre el uso de la ley durante su campaña presidencial, y los grupos de inmigración se prepararon para ello. Esto condujo a la inusual demanda del sábado, presentada incluso antes de que la declaración de Trump se hiciera pública. La demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, representa a cinco venezolanos cuyos casos se encaminaron repentinamente hacia la deportación en las últimas horas.

Boasberg más temprano acordó implementar una orden de restricción temporal que impide la deportación durante 14 días, amparada por la ley, de los cinco venezolanos que ya se encuentran bajo custodia migratoria y creían que estaban a punto de ser deportados. Boasberg afirmó que su orden era “para preservar el statu quo”.

La Administración Trump apeló la orden de restricción inicial casi de inmediato, argumentando que detener una acción presidencial antes de su anuncio paralizaría al poder ejecutivo.

Si se permitiera que la orden siguiera en pie, “los tribunales de distrito tendrían la facultad de prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional con solo recibir una denuncia”, escribió el Departamento de Justicia en su apelación.

Añadió que los tribunales de distrito podrían entonces emitir órdenes de restricción temporales sobre acciones como ataques con drones, operaciones de inteligencia sensibles o capturas o extradiciones de terroristas. El tribunal “debería detener esa vía de inmediato”, argumentó el departamento.

La inusual oleada de litigios pone de relieve la polémica Ley, que podría otorgar a Trump un amplio poder para deportar a personas que se encuentran sin permiso en el país. Podría permitirle eludir algunas protecciones de la legislación penal y migratoria para deportar rápidamente a quienes, según su Administración, son miembros de la pandilla.

La Casa Blanca ya ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista y se prepara para trasladar a unas 300 personas identificadas como miembros de la pandilla a centros de detención en El Salvador.