Lo que implica la adhesión de Chile como miembro oficial del Tratado Transpacífico

Se suma a lista de países de América Latina, Asia y Oceanía que son parte del acuerdo de cooperación económica.

A partir de este martes, Chile se ha convertido en miembro oficial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. 

Chile se convierte así en la décima economía en ser integrante pleno del acuerdo, del que también son parte Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, así como Brunéi. 

Para oficializar su adhesión, la noche del lunes la nación sudamericana participó por primera vez como integrante pleno del convenio en una reunión virtual de altos mandos coordinada por Nueva Zelanda como país anfitrión. 

“Cumpliendo con la voluntad expresada por el Congreso Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Subrei [Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales], avanzará en la implementación del tratado mediante distintas vías”, aseguró en un evento el titular de la Subrei, José Miguel Ahumada, según recogen medios locales. 

Cabe destacar que Chile es el único país de la alianza que posee un acuerdo bilateral de libre comercio vigente con cada una de las otras partes, por lo que el Gobierno espera que el acuerdo profundice las exportaciones de productos clave como vinos, carne de cerdo, tecnologías de ingeniería minera, entre otros.  

¿Qué es el CPTPP?

El CPTPP es un acuerdo de libre comercio y de integración económica del que forman parte 11 países de la región Asia-Pacífico, el cual tiene como objetivo eliminar los obstáculos al intercambio de bienes y servicios, facilitar la inversión extranjera, así como establecer normas y estándares comunes para el comercio digital, la propiedad intelectual, los derechos laborales y la protección al medio ambiente. 

La primera versión del acuerdo fue firmada en febrero del 2016, pero fue reformulada tras anunciarse la salida de EE.UU. del tratado, y finalmente pactada en marzo del 2018 en la capital de Chile, entrando en vigor a finales de diciembre de ese mismo año solo en seis países miembros.

El pacto es considerado como una de las alianzas más fuertes del mundo, ya que sus economías componen el 13,5% del producto interno bruto global y suman en conjunto a 500 millones de consumidores, según destaca el Gobierno canadiense. 

El Reino Unido está a la espera de que se confirme su adhesión al tratado. Lo mismo ocurre con Colombia, Costa Rica, Ecuador, Taiwán y Uruguay. Mientras, otras naciones como Corea del Sur, Tailandia y Filipinas han declarado sus intenciones de integrarse al acuerdo. 

El rechazo al acuerdo

Son varias las organizaciones que se han manifestado en contra de la ratificación de este tratado en Chile. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las oponentes, considera que el acuerdo “vulnera la soberanía nacional en sectores estratégicos de la economía” y que podría “impactar negativamente en la población y la clase trabajadora”. 

“Para la CUT, la aprobación de este tratado blinda de tal manera a las trasnacionales que, ante cualquier regulación, norma o política pública que genere Chile y que sea considerada dañina a sus inversiones, estas corporaciones tienen la facultad de llevar al país a tribunales internacionales creados para estos efectos”, sostiene un comunicado en el que en septiembre del 2022 pidieron al presidente chileno, Gabriel Boric, retirar el proyecto del Congreso.

Por su parte, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), una de las más de 150 organizaciones integrantes de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, señaló en aquel entonces que su oposición al tratado se debe a que “no incorpora la participación ciudadana efectiva, el Estado chileno se ha negado hasta ahora a realizar estudios de evaluación de impactos de los tratados de libre comercio vigentes, asimetría en cuanto a los miembros, suspensión de artículos cuestionados por la sociedad civil (no eliminación)”.

Asimismo, afirmó que no se había realizado una consulta indígena por parte del Estado antes de firmar el tratado y que este impulsaba la “incorporación de transgénicos (biotecnología), afectaciones en la alimentación, salud y soberanía, y medidas de protección y criminalización de las descargas de internet”, entre otras.

También afirmaron que el CPTPP incluía disposiciones que “socavan las garantías a la salud pública y al acceso a medicamentos genéricos”, mediante la ampliación de la protección de patentes que dificultan la aparición de genéricos a menor costo.

“Consideramos que este tratado amarra a Chile a someterse a los intereses transnacionales, impidiendo reformas tan importantes como la desprivatización del agua, la protección de las semillas y otras reformas que podrían poner en el centro la protección del medioambiente”, expresó, por su parte, Manuela Royo, vocera del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).