Fiscalía de Perú pide prisión preventiva de tres años contra Pedro Castillo

Fiscalía de Perú pide prisión preventiva de tres años contra Pedro Castillo

Según la institución, el exmandatario peruano habría cometido delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su gobierno.

La Fiscalía de Perú ha pedido que se apliquen 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre pasado por el Congreso de ese país, acusado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su Gobierno (julio 2021-diciembre 2022). 

De acuerdo con el Ministerio Público peruano, la solicitud de privativa de libertad contra Castillo, quien se encuentra encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 tras ser vacado por el Parlamento y acusado por supuesta rebelión, fue emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La institución también solicitó que la medida sea extendida por los mismos delitos a dos exministros de Castillo: Juan Silva Villegas, quien estuvo al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado López, que fue responsable del despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también dirigió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Fiscalía de Perú ha pedido que se apliquen 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre pasado por el Congreso de ese país, acusado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su Gobierno (julio 2021-diciembre 2022). 

De acuerdo con el Ministerio Público peruano, la solicitud de privativa de libertad contra Castillo, quien se encuentra encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 tras ser vacado por el Parlamento y acusado por supuesta rebelión, fue emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La institución también solicitó que la medida sea extendida por los mismos delitos a dos exministros de Castillo: Juan Silva Villegas, quien estuvo al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado López, que fue responsable del despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también dirigió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Castillo, además, sigue siendo reconocido como mandatario por los Gobiernos de Honduras y México, que han denunciado la ejecución de un golpe de Estado parlamentario y militar en su contra para colocar un régimen de facto, que ha provocado distintas violaciones a los Derechos Humanos y decenas de fallecidos en medio de la protesta social que se mantiene desde hace casi tres meses.

La crítica situación política y de Derechos Humanos en Perú también ha sido denunciada por países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Además, los Gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela han denunciado el golpe contra Castillo, los abusos policiales contra los manifestantes peruanos, el clima de ingobernabilidad en el país andino, mientras abogan por el resguardo del mandatario vacado.

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