Procuraduría de Colombia pide que se inicie proceso de desacato contra Petro

La solicitud se debe al supuesto incumplimiento de una orden judicial para nombrar a los expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Colombia pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que inicie un incidente de desacato contra el presidente del país, Gustavo Petro, así como contra el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho Morales.

La solicitud fue realizada porque Petro y Camacho habrían incumplido la orden judicial del tribunal, de enero pasado, que les exigía nombrar a los expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

En un documento, al que tuvo acceso La Silla Vacía, se señala que el presidente y el ministro tenían hasta el pasado 20 de junio para hacer seis nombramientos —para un período de cuatro años—, pero a la fecha no se han realizado.

“En la actualidad, de los 6 cargos solo se han provisto 2 cargos en propiedad, 2 expertos continúan en encargo y los otros 2 cargos se encuentran vacantes”, se lee en el texto.

Asimismo, se indica que la PGN ha llamado a que el Gobierno cumpla con los nombramientos, informe sobre cuáles son los avances al respecto o las razones para no haber acatado la orden.

“No se evidencian gestiones por parte de la cartera ministerial de Minas y Energía, ni por la Presidencia de la República para la provisión de los cargos en propiedad que se encuentran siendo desempeñados en encargo, uno de los cuales venció el 2 de julio y el otro vencerá el 11 de julio, ni se han publicado las hojas de vida de los posibles aspirantes”, dice el texto de la PGN.

En consecuencia, dice el escrito, “no se evidencia por cuenta de los accionados gestión alguna dirigida a cumplir con este mandato judicial proveyendo la totalidad de las vacantes”.

El incidente de desacato, según el mencionado medio, es un recurso judicial que se usa cuando una autoridad no cumple con un fallo. Implica sanciones, como el pago de una multa hasta por 20 salarios mínimos o incluso, el arresto de quien incumpla la orden hasta por seis meses.