Pactos en la sombra: de cómo las agencias federales de EE.UU. operan al margen de la ley en México

Acabar con los acuerdos que carecen de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, es una asignatura pendiente para el Gobierno de López Obrador.

En México hay prácticas irregulares, sin apego a derecho, que lo mismo reproducen Gobiernos nacionales que estatales, sin importar su orientación ideológica.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha establecido acuerdos con su par estadounidense sin que estos sean ratificados por el Senado.

Los mandatarios estatales, por su parte, se han dedicado a suscribir compromisos con dependencias y agencias federales de EE.UU., con todo y que la Constitución se los prohíbe.

En su defensa, los gobernadores alegan que se trata de arreglos que se realizan en el marco de acuerdos de un rango superior: los del Gobierno federal con el vecino del Norte.

“En Zacatecas se violentó la soberanía nacional”: Narro Céspedes

El artículo 117 de la Constitución mexicana señala que los Gobiernos estatales no pueden establecer tratados internacionales con potencias extranjeras.

Según los términos del derecho internacional público, por ‘tratado internacional’ se entiende todo tipo de acuerdo que implique un compromiso entre países.

En el caso de Zacatecas, la polémica más reciente, el gobernador David Monreal aseguró no haber suscrito ningún acuerdo ni con el embajador Ken Salazar, ni con los representantes de las agencias federales de EE.UU. 

Fue solo un “diálogo de abierto”, un “intercambio de experiencias y mejores prácticas” en un “marco de respeto a la soberanía nacional”. “No hay nada de qué preocuparse, no se firmó nada”, atajó el mandatario estatal.

La información publicada en el portal de la Embajada de EE.UU. en México, sin embargo, lo desmiente: su Gobierno y los representantes del vecino del Norte sí establecieron acuerdos de cooperación con objetivos diversos:

Fortalecimiento de las instituciones de seguridad, mediante la acreditación internacional de tres prisiones, seis laboratorios forenses y una Academia de Policía.

Mejora de los procedimientos en la persecución de delitos y puesta en marcha de una política de perspectiva de género.

Apoyo a la Fiscalía General de Justicia estatal para mejorar su capacidad de investigación contra delitos de alto impacto.

Resulta inverosímil que no se haya firmado ningún documento sobre estos acuerdos. David Monreal “abrió la puerta como ningún otro gobernador”, fueron las palabras del embajador de EE.UU. en México que recogió el comunicado de prensa publicado por el Gobierno de Zacatecas.

En su defensa, Monreal argumentó que el encuentro con Salazar y representantes de las agencias de EE.UU. se desarrolló bajo el ‘Entendimiento Bicentenario’, la estrategia bilateral que suscribieron los Gobiernos de los presidentes López Obrador y Joe Biden en octubre del año pasado.

En este sentido, según Monreal, las conversaciones que mantuvo con representantes del Gobierno de EE.UU. tuvieron lugar en el contexto de un acuerdo de rango superior suscrito por el Gobierno federal y, por lo tanto, su Administración no habría violado la Constitución.

Sin embargo, utilizar el denominado ‘Entendimiento Bicentenario’ como justificación para establecer acuerdos con agencias federales de EE.UU. resulta, en realidad, aún más cuestionable.

Si bien, en efecto, el ‘Entendimiento Bicentenario’ es una estrategia de cooperación bilateral suscrita por el Gobierno federal con ejes de acción en varios rubros, esta no ha sido ratificada por el Poder Legislativo.

La fracción X del artículo 89 constitucional establece que los tratados internacionales deben ser ratificados por el Senado. En el caso del ‘Entendimiento Bicentenario’, de facto constituye un tratado internacional, dados los compromisos entre ambos países.

En entrevista con RT, el senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Narro Céspedes, comenta que el Gobierno del presidente López Obrador promueve un “nuevo enfoque” de política exterior.

Por esta razón, explica, se echó abajo la ‘Iniciativa Mérida’ y está en proceso de construcción el ‘Entendimiento Bicentenario’. Sin embargo, detalla que, hasta ahora, es solo una propuesta.

“Llegado el momento, tendrá que aprobarse por el Poder Ejecutivo y ratificarse por el Senado de la República, esto es muy importante precisarlo”.

Dado que no es un acuerdo formal, Narro Céspedes sostiene que las acciones de su compañero de partido, el gobernador David Monreal, no tienen justificación.

“Lo que se planteó en Zacatecas violenta la soberanía nacional y abre paso a una acción de intervencionismo en nuestro país”.

Jaime Cárdenas Gracia, abogado especializado en derecho constitucional, cercano al presidente López Obrador, comenta en entrevista que en México se ha vuelto una práctica común desde hace varias décadas soslayar la ratificación del Senado a la hora de materializar acuerdos con otros países.

En EE.UU., puntualiza, existen las denominadas “ordenes ejecutivas” (‘Executive Agreements’), mientras que en México no se cuenta con este instrumento. “En nuestro país hay tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución, como los relacionados con derechos humanos”.