“Las víctimas siguen profundamente afectadas”: La ONU enlista los pendientes de Chile a dos años del estallido social

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur presentó una actualización del informe realizado por una misión técnica que visitó el país suramericano en noviembre de 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur lamentó que a más de dos años del estallido social en Chile, el Estado haya sido incapaz de reconocer plenamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus propios agentes.

“Las víctimas en general siguen profundamente afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado que se han cometido violaciones a sus derechos humanos. El Poder Ejecutivo no ha tenido una postura inequívoca sobre el reconocimiento expreso y claro de las violaciones a los derechos humanos”, apuntó el organismo en un informe de actualización a la misión técnica que visitó Chile en noviembre de 2019.

El representante de la oficina regional, Jan Jarab, reconoció los esfuerzos del Estado Chileno para incorporar las recomendaciones que presentó la comitiva del organismo en 2019. “Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición”, subrayó. 

Revisión

El organismo criticó que aún continúe vigente el Decreto Supremo Nº 1086, mediante el cual, se obliga a los organizadores a dar aviso a las autoridades, con dos días de anticipación, sobre cualquier manifestación pública.

“Convierte el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica en un privilegio”, apuntó la ONU sobre una regulación que fue implementada desde la época de la dictadura militar, en 1983. 

Aunque inició como una protesta ante el aumento del precio del Metro de Santiago de Chile, que derivó en el reclamo de millones de ciudadanos ante la terrible desigualdad económica que imperaba en el país suramericano, la represión y la brutalidad policial contra los manifestantes terminó por encender la ira en las calles, con un saldo en esos primeros meses de 34 muertos y miles de heridos. 

Entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) documentó 2.825 víctimas de abusos por parte de las instituciones de seguridad y justicia. De estas personas, 1.615 sufrieron golpizas a manos de agentes; 1.334 denunciaron disparos; 302, fueron desnudados; entre otras agresiones. 

Este saldo fue resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Los agentes de Carabineros, en muchas movilizaciones, utilizaron indiscriminadamente la escopeta antidisturbios con munición menos letal, incluso disparando directamente “hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax”, según recordó la Oficina del Alto Comisionado.

De acuerdo con el INDH, unas 101 víctimas tuvieron alguna lesión causada por trauma ocular; otras 20 reportaron el estallido del globo ocular; y en 31 casos, se registró la pérdida de visión por trauma ocular irreversible. 

“Esta forma indebida de usar la escopeta antidisturbios es lo que explica la alta tasa de personas heridas por munición de impacto cinético y, en particular, con trauma ocular”, denunció la ONU. 

Gas lacrimógeno 

En la revisión del informe realizado en 2019, el organismo internacional apuntó que se ha limitado el uso de escopetas antidisturbios. No obstante, los agentes de Carabineros ahora utilizan con mayor regularidad el gas lacrimógeno en contra de manifestantes, mediante granadas y como munición de impacto cinético.

La Oficina del Alto Comisionado documentó casos que “parecen indicar un uso de la fuerza presuntamente por agentes estatales en circunstancias que constituirían violaciones al derecho a la vida y el derecho a la integridad física”. 

El organismo también denunció que funcionarios de Carabineros no prestaron asistencia a personas heridas durante las manifestaciones.

Otros excesos

En la actualización, la ONU hizo referencia al uso de tanquetas lanza agua en contra de personas que no representaban “ninguna amenaza ni para los agentes policiales ni para el orden público”. Según documentó el organismo, las autoridades habrían disparado agua contra observadores de derechos humanos, periodistas o brigadistas de salud. 

Por otra parte, la oficina de América del Sur del Alto Comisionado lamentó que a más de dos años del inicio del estallido social, el Estado chileno no ha reconocido, de manera expresa, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.