La ley de Tennessee para proteger aún más a los propietarios de los ocupantes ilegales entra en vigor en julio

NASHVILLE, Tennessee – La legislación aprobada el lunes protegerá aún más a los propietarios de Tennessee de los ocupantes ilegales.

Los ocupantes ilegales no tienen derechos en Tennessee, pero esta nueva ley establece y acelera el proceso de expulsión. Actualmente, los propietarios deben iniciar un desalojo judicial cuando se encuentran con okupas en su vivienda.

El Proyecto de Ley 1259 elimina gran parte de la carga de los propietarios de Tennessee al aclarar un proceso para que las autoridades restablezcan la posesión. La ley puede acelerar la expulsión de ocupantes ilegales en sólo 72 horas.

Actualmente, puede llevar hasta dos años expulsar a un ocupante ilegal y puede costarle al propietario miles de dólares en honorarios legales, pérdida de ingresos y reparaciones de la propiedad, dice la oficina del representante estatal Tim Rudd.

La legislación también dice que el sheriff puede arrestar a intrusos. El patrocinador del proyecto de ley, el representante Rudd (R-Murfreesboro), dice que esto protege aún más a los propietarios de viviendas de Tennessee y disuade a los ocupantes ilegales.

“La propiedad de una vivienda es el sueño americano para muchos, la base para generar riqueza y formar una familia”, dice Rudd. “Esta es una legislación proactiva que protege a los propietarios pero también disuade a los malos actores que han aprendido a explotar la ley y aterrorizar a los propietarios. Esto crea un proceso simplificado para que los habitantes de Tennessee recuperen rápidamente el control sobre lo que les pertenece por derecho”.

Tennessee está actuando ahora sobre esta legislación en medio de un aumento de casos que ocurren en todo el país, específicamente en Nueva York, donde a un ocupante ilegal que ocupa una casa durante al menos 30 días se le pueden otorgar derechos de inquilino.

El proyecto de ley de Rudd otorga al sheriff del condado la autoridad para entregar un aviso al ocupante ilegal y devolver la propiedad al propietario legítimo una vez que reciba una queja adecuada del propietario.

El proyecto de ley entrará en vigor el 1 de julio de 2024.