El anuncio de Perú que provocó la ira de una minera de Reino Unido (y abre otro frente de batalla para el Gobierno)

La jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, confirmó que se efectuaría el cierre de varias empresas del sector que han sido responsables de la contaminación de las cabeceras de los ríos de esa zona.

El anuncio de la jefa de gabinete de Perú, Mirtha Vásquez, sobre el “cierre” de cuatro minas en el país suramericano ha desatado una controversia de proporciones mayúsculas debido a los intereses que giran en torno al sector.

El viernes, durante una actividad en Coracora, Ayacucho, Vásquez anunció que se efectuaría el cierre de varias empresas mineras que han sido responsables de la contaminación de las cabeceras de los ríos de esa zona. “Lo más preciado es el agua”, apuntó.

Si bien la noticia fue celebrada por las comunidades, no fue bien recibida por las mineras y mucho menos por los empresarios, que el fin de semana arremetieron contra la premier por considerar que se ha tomado atribuciones que no le corresponden. El Gobierno, mientras tanto, emitió un comunicado para asegurar que se mantendrán las actividades de las empresas, “respetando estrictamente el marco legal vigente”, aunque este lunes el desplome de las acciones de una de las principales compañías levantó las alertas ante un posible pleito legal. ¿Y ahora qué?

Desplome en la bolsa

Las minas con fecha de cierre son Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa, que están ubicadas en las cabeceras de la cuenca del sur de Ayacucho. Pese a que los gremios empresariales aseguran que se trata de una decisión “arbitraria” por parte del Gobierno, desde el despacho de Vásquez aclaran que esas instalaciones ya tenían pautados planes de cierre, incluso desde hace dos años.

Mediante una comunicación oficial, el Ejecutivo precisó que el acuerdo suscrito con las comunidades del sur de Ayacucho para hacer seguimiento al plan de cierre, se circunscribe al cronograma previamente establecido para ese proceso. “Por lo tanto, descartamos que estas medidas sean arbitrarias, ilegales o que contravengan la estabilidad jurídica, como han referido representantes de los gremios empresariales”, detalla el texto.

Sin embargo, una de las empresas que debería aplicar un cierre aseguró que no estaba al tanto de la decisión. Se trata de Hochschild, una minera de Reino Unido que ha adelantado que “defenderá enérgicamente” sus proyectos de extracción de oro y plata de Pallancata e Inmaculada, luego de un lunes sombrío, con acciones que se desplomaron más de un 50 % por el anuncio del Gobierno peruano.

La compañía alega que opera bajo “los más altos estándares ambientales”, ofreciendo 5.000 empleos directos y unos 40.000 indirectos. El director ejecutivo de Hochschild, Ignacio Bustamante, mostró su sorpresa ante el anuncio del Gobierno y tachó de “ilegal” la acción planificada en ese yacimiento, del cual la empresa extrae más de dos tercios del oro y la plata.

“Estamos dispuestos a entablar un diálogo con el gobierno para resolver cualquier malentendido con respecto a nuestras operaciones mineras. Sin embargo, dada la naturaleza ilegal de la acción propuesta, la empresa defenderá enérgicamente sus derechos para operar estas minas utilizando todas las vías legales disponibles”, sostuvo Bustamante, en declaraciones a The Guardian.  

¿Qué hay detrás del cierre?

Las autoridades peruanas tienen en la mira la protección del agua y los ecosistemas en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, que están en peligro por la intensa actividad minera que existe actualmente en las cabeceras de la cuenca sur de Ayacucho.

Para ello, el Ejecutivo ha creado una comisión negociadora que afine los detalles para el cierre de las cuatro unidades mineras, se reúna con las empresas involucradas y haga una evaluación ambiental “para identificar las fuentes de contaminación”, en atención a la demanda histórica de las comunidades que defienden su derecho al agua, al territorio y a un ecosistema libre de la minería.

“Si estoy acá como presidenta del Consejo de Ministros, con los representantes de ministerios, es porque reconocemos que sus demandas son legítimas y justas”, afirmó Vásquez el viernes, tras recalcar el abandono histórico de esas comunidades por “la indiferencia de un Estado que pensaba que era suficiente el crecimiento económico”.