Dan 90 días para eliminar “pensiones doradas”
Entra en vigor la reforma a la ley con la que se establece un límite de 104 mil 855 pesos para las jubilaciones de burócratas
La reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), con la que se puso tope máximo al monto de las jubilaciones que pueden cobrar burócratas retirados, entró en vigor ayer. Con lo anterior, el Consejo Directivo tiene 90 días para modificar y adecuar las pensiones vigentes al nuevo límite.
El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado establece que el pago no debe ser mayor a 39 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevado al mes, lo que da como tope 104 mil 855 pesos. Ese monto no se podrá exceder independientemente de las plazas desempeñadas.
La iniciativa aprobada fue modificada, pues la original presentada por el gobernador planteaba que el límite se fijara en 25 salarios mínimos por 30 días, lo que daba como máximo 106 mil 275 pesos.
La medida aplica de forma retroactiva y se advierte que todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado se abrogan y pasarán a regirse con la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el ordenamiento.
Además, el Instituto de Pensiones tiene un plazo de 30 días hábiles, a partir de ayer, para presentar al titular del Poder Ejecutivo estatal los proyectos de modificaciones a sus reglamentos y armonizarlos con la reforma.
El ajuste afecta a 70 pensionados que reciben cantidades mayores al nuevo tope.
En la lista de las jubilaciones más altas están 12 exmagistrados, el ex auditor estatal Alonso Godoy Pelayo, el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, el ex alcalde de Guadalajara Eugenio Ruiz Orozco y el diputado electo de Morena José María Martínez, entre otros.
Con la medida se proyectó un ahorro de 38.4 millones de pesos anuales. Se estima que el Ipejal tiene un déficit de 327 mil millones de pesos.
También cobró vigencia la reforma a la Ley de Servidores Públicos para establecer que los ayuntamientos que se incorporen al Ipejal deberán firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda del Estado para que, de las participaciones estatales que les correspondan, se retengan mensualmente las aportaciones patronales que deberán cubrir al Instituto. El incumplimiento será sancionado conforme a la misma legislación.
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